El jueves y el viernes hubo acercamientos en República Dominicana con mediación internacional.

 
La noticia cayó de sorpresa entre los venezolanos cuando su canciller Delcy Rodríguez anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana –representada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD)– se sentaron juntos en República Dominicana para intentar un proceso de diálogo a fin de dirimir la crisis política y social de Venezuela.
 
La canciller aseguró que el encuentro era “iniciativa del presidente Maduro” y apoyado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
 
Pero luego de dos días y a través de un comunicado emitido por la Unasur y otro de la MUD quedó claro que la invitación a un diálogo hecha por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández fue compartida por las partes, que sostuvieron encuentros separadamente con los expresidentes –“de forma alternativa”, según la Unasur– en lo que sería una fase exploratoria, sin que todavía exista una fecha ni una agenda para un posible diálogo.
 
“Se propuso continuar explorando nuevos contactos en fechas próximas para acordar una agenda que cumpla con los requerimientos de las partes y un método para el diálogo nacional”, aseguró la Unasur.
 
Aunque el Gobierno venezolano envió como representantes a algunos de sus voceros más pesados políticamente –Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y expresidente del Consejo Nacional Electoral; su hermana, la canciller Delcy Rodríguez, y el diputado y exvicepresidente Elías Jaua–, ha sido poco preciso sobre cuál es su objetivo o condiciones para un diálogo con la MUD.
 
Esta, en cambio, ha dicho que su condición y principal punto de una eventual agenda de diálogo sería el destrabamiento del referendo revocatorio. Luego propone la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución política, que el Gobierno permita ayuda internacional para aliviar la crisis de desabastecimiento de medicinas y, por último, el respeto a la separación de poderes.
 
Esta última se explica en vista de que desde el Tribunal Supremo de Justicia el Gobierno ha neutralizado todas las iniciativas de ley de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora por primera vez tras 17 años dominada por el oficialismo.
 
La última experiencia de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana ocurrió en el 2014 en el marco de las fuertes protestas contra el presidente Maduro, las cuales dejaron finalmente 43 víctimas, en su mayoría por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.
 
Ese diálogo, aunque tuvo una agenda y comisiones de trabajo, quedó en punto muerto cuando se trató el tema de los presos políticos y, al no lograr otros objetivos, terminó evaluado por la oposición como una forma del Gobierno para “oxigenarse” y ganar tiempo ante el desgaste de la protesta.
 
Esta vez, un posible escenario de diálogo presenta una condición diferente y es la creciente atención de la comunidad internacional hacia la crisis, que además de manifestar un quiebre económico sin precedentes –con una inflación que, extraoficialmente, aumenta 20 por ciento cada mes y un desabastecimiento de alimentos de hasta 90 por ciento– también presenta rasgos de crisis humanitaria por la escasez de medicinas y equipos médicos.
 
La semana terminó con un pedido del G7 a Venezuela a “encontrar medios pacíficos para resolver la creciente y aguda crisis económica y política, respetando la voluntad del pueblo” y la iniciativa de Paraguay para discutir en el Mercosur la situación venezolana.
 
El papa Francisco también ha enviado varios mensajes públicos llamando a la concordia en Venezuela, mientras que la oposición venezolana asegura que en el seno de la OEA “avanza” la posibilidad de que se aplique a su país la Carta Democrática.
 
Por otra parte, el Gobierno venezolano extendió por dos semanas la reducción de la jornada laboral para el sector público a solo lunes y martes, como medida para ahorrar energía ante la crisis del sector en el país petrolero. “Se prorroga la medida debido a que las lluvias no fueron suficientes”, dijo la gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, desde el palacio de Miraflores.
 

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