Los US$ 3.500 millones que se ha comprometido a pagar la gigante de ingeniería brasileña Odebrecht, al firmar en Nueva York un acuerdo extrajudicial con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, van a pasar a la historia. Es la multa más cara que se le haya impuesto a una empresa latinoamericana y Odebrecht la pagará como parte del acuerdo por el cual sus principales ejecutivos se declararon culpables de montar la mayor operación de sobornos en la historia de América Latina.

La justicia brasileña, en primera instancia, había condenado unos meses antes a Marcelo Odebrecht, el CEO de la empresa, a 19 años de cárcel. La red delictual creada por la constructora pagó periódicos sobornos a cientos de funcionarios públicos, parlamentarios y dirigentes políticos, por períodos de hasta diez años o más en algunos casos.

El solo hecho de ver a un actor clave de los negocios brasileños, como el principal dueño de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, y a su compañía multada fuertemente, y a Lula enfrentando los tribunales, transmite el mensaje claro de que la justicia funciona también con los poderosos. Eso es de importancia clave cuando en todo el mundo, incluyendo nuestra región, hay una creciente desafección hacia las elites.
La operación comenzó sobornando a funcionarios de la gigante petrolera estatal Petrobras para adjudicarse contratos en los proyectos de infraestructura que sacaba a licitación la empresa estatal. Corrían los primeros años del gobierno de Luiz Inacio “Lula” da Silva y su Partido de los Trabajadores (PT), por primera vez en el poder, necesitaba financiar las campañas electorales de sus candidatos a alcaldes, gobernadores, diputados y senadores. Las platas de Odebrecht pasaban a manos de Petrobras y de ahí eran canalizadas hacia las arcas del PT, para un fin quizá más noble que el enriquecimiento personal de los gerentes de Petrobras: ganar las próximas elecciones. Y las siguientes y las que venían después.

La multa de US$ 3.500 millones puede sonar excesiva para algunos miembros de la comunidad de negocios de la región, pero no lo es. Por el contrario, castigar a la máquina de sobornos más grande de la historia de la región, con la multa más alta de la historia de la región, suena a estricta justicia.

Tampoco es demasiado severa la pena de 19 años de cárcel para Marcelo Odebrecht, quien además reducirá probablemente su sentencia en las instancias de apelación, luego de confesar la culpa y cooperar con la investigación.

Lo que hizo Odebrecht fue montar una eficaz empresa de sobornos tan bien aceitada que, a poco andar, fue emulada por casi todas las demás empresas de ingeniería de Brasil, pasando luego a otras industrias que viven del procurement estatal. Odebrecht, además, exportó su máquina de sobornos a otros 12 países donde hace negocios con el Estado, entre ellos nueve latinoamericanos: México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador y República Dominicana.

Es incalculable -pero inmenso- el daño que una operación de soborno como la de Odebreecht ha causado a Brasil y a los otros países donde se puso en marcha. Echa por tierra todos los esfuerzos de ganar credibilidad en la arena política y económica internacional; dificulta el acceso a los mercados globales de capital, desincentiva la inversión extranjera directa, hace que los agentes económicos pierdan fe en las licitaciones oficiales, pone trabas a la innovación y al desarrollo emprendedor. Todo esto, además de imponer un impuesto invisible a los proyectos que surgen de las alianzas público-privadas.

Tan grande era la operación de Odebrecht, que la empresa creó una organización paralela, una especie de “oficina de sobornos” con sus propias unidades de contabilidad, finanzas y administración, que se estableció como una ventanilla de pagos semipermanente, con horario de atención y fechas de pago. Esta institucionalización del soborno hace que la corrupción se vea como algo natural, parte de la naturaleza humana. Algo molesto pero inevitable, como la muerte y los impuestos.

Hay que celebrar que haya provocado un escándalo. Y hubo escándalo gracias a que en Brasil el poder judicial es verdaderamente independiente y hay real libertad de prensa. Es imposible luchar contra la corrupción si no se la ve, y no se la ve si nadie la denuncia. La primera herramienta en la lucha contra la corrupción es la transparencia. Y transparentar la corrupción es lo que han hecho en este caso el juez nombrado para dirigir la investigación, Sérgio Moro, y los medios de comunicación brasileños.

La ira pública frente al creciente escándalo, sumada a la mayor recesión de Brasil en más de medio siglo, fueron combustible para la hoguera que consumiría a Dilma Rousseff. La ex presidenta al parecer no recibió sobornos, pero nadie cree que no supiera lo que estaba pasando. El ex presidente Lula está en el banquillo de los acusados y podría ir a dar a la cárcel. Marcelo Odebrecht ahora está cooperando con la investigación y es secreto a voces que sus declaraciones podrían hacer caer al actual presidente de Brasil, Michel Temer.

El escándalo de corrupción Petrobras-Odebrecht es único por su tamaño y ramificaciones a toda la región, pero está lejos de ser el único caso en America Latina. Una verdadera epidemia de escándalos de corrupción se ha destapado en la región en los últimos dos años. Hasta en Uruguay, el país menos corrupto de América Latina según el ranking de percepción de corrupción de Transparency International, la coalición de gobierno está a punto de perder la mayoría en la cámara de diputados a causa de la investigación por corrupción en dos proyectos binacionales uruguayo-venezolanos que se pusieron en marcha durante los gobiernos de Pepe Mujica en Uruguay y Hugo Chávez en Venezuela. Agréguese a ello el escándalo de la “Casa Blanca” que toca a la esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto, la seguidilla de acusaciones de la justicia argentina contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el encarcelamiento del ex alcalde de Bogotá, los cargos contra el ex presidente de Perú Ollanta Humala, la imputación por estafa de la nuera de la presidenta Bachelet en Chile, y así, suma y sigue a lo largo y ancho de la región.

Podría pensarse que hay más corrupción en la región hoy que la que había hace diez años. Pero la evidencia señala lo contrario. El más reciente informe de Transparency International, sobre la percepción de corrupción en 167 países del mundo, muestra que en casi todos los latinoamericanos las cosas han mejorado. Sólo dos países tuvieron descensos fuertes: Brasil por el escándalo Petrobras, y Guatemala por una mafia aduanera, uno de cuyos miembros era el presidente Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar.

El destape de casos de corrupción que se ventila en público, en casi todos los países, ha causado un nivel de indignación pública que podría ser propicio para hacer reformas institucionales y lanzar campañas anticorrupción y pro transparencia. De hecho, varios países de la región están actualizando sus políticas anticorrupción o estableciendo otras nuevas, más robustas y más adecuadas a los tiempos. Ayuda a la perspectiva de una nueva ofensiva anti corrupción el que la casi totalidad de los países latinoamericanos viven hoy en democracias estables, con separación de los poderes del Estado, instituciones más sólidas, imperio de la ley en general, y, muy importante, libertad de prensa.

El solo hecho de ver a un actor clave de los negocios brasileños, como el principal dueño de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, y a su compañía multada fuertemente, y a Lula enfrentando los tribunales, transmite el mensaje claro de que la justicia funciona también con los poderosos. Eso es de importancia clave cuando en todo el mundo, incluyendo nuestra región, hay una creciente desafección hacia las elites. Una decidida política anticorrupción de parte de los gobiernos latinoamericanos no es solo correcta y urgente: es también una medida de supervivencia de la convivencia democrática en el mediano y largo plazo.

Autor:
Redaccion América Economía

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