El Ministerio Público solicitó ante el juez de la Suprema Corte de Justicia 18 de meses de prisión preventiva contra Bernardo Catellanos de Moya, acusado de aceptar sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, para la contratación de la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito y las adendas I, II y III, en el caso Odebrecht.

“Imponer al imputado Bernardo Castellanos de Moya la medida de coerción consistente en prisión preventiva por 18 meses contenida en el artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano”, pidió al agotar su turno.

Indicó que tras su evaluación, llegó a la conclusión que la medida solicitada es la más idónea para garantizar la presencia del imputado al proceso por existir peligro de fuga.

La audiencia de conocimiento de la medida de coerción fue fijada por el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, para hoy en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia.

Marino Elsevyf, representante legal de Bernardo Castellanos de Moya dijo que el 23 de marzo del corriente año el imputado acudió junto a él donde el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez al primer requerimiento, “salió del país el 17 de mayo sin que le hayan notificado ningún tipo de requerimiento para presentarse ante el procurador”.

Agregó que Castellanos trabaja en el extranjero por necesidad, debido a que tiene una hija enferma y “tiene que trabajar fuera del país y es un estado de necesidad”.

 

 

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