Por: Elso Segura
La República Dominicana es signataria de los Objeticos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030, también conocidos como la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los que cuentan como prioritarios poner fin a la pobreza y reducir el hambre a cero, los mismos que constituían el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015.
El gobierno dominicano por décadas ha manifestado preocupación por el tema del hambre y la pobreza en el país, llegando a implementar en distintos momentos, programas de asistencia alimentarias a sectores de alta vulnerabilidad económica. Cabe recordar las “fundas coloradas” conteniendo alimentos que repartía la “Cruzada del Amor” durante los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer en sus visitas a pueblos y barrios de todo el país, sobre todo durante las campañas electorales.
Así mismo, durante el primer periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández (1996-2000) se implementó la entrega de fundas de alimentos, un poco copiando de la practica balaguerista, con la modalidad de que buena parte de los mismos eran distribuidos a través de miembros del Partido de la Liberación Dominicana. De igual manera el presidente Hipólito Mejía en su gobierno (2000-2004), en una actitud de ridiculizar la distribución de alimentos que realizara el presidente Fernández, dispuso entonces, la distribución de cubetas plásticas conteniendo víveres, en una acción puramente populista, sin mayor interés por disminuir el hambre ni la pobreza en el país.
Todas esas acciones estuvieron amparadas institucionalmente de alguna manera, en entidades públicas como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), que era el organismo responsable de llevar a cabo el reparto de alimentos crudos entre las clases más necesitadas del país, el Departamento de Asistencia Social adscrito al Poder Ejecutivo creado mediante el Decreto No.54-89, de fecha 7 de febrero del año 1989, responsable de la implementación del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que vino a sustituir las funciones del INESPRE de repartir alimentos. Pero ningunas de dichas acciones formaban parte de un plan estratégico de desarrollo de la nación, se trataba en mayor medida de decisiones políticas coyunturales de dichos gobiernos.
Posiblemente en interés de cumplir con el primero de los Objetivos del Milenio (2000-2015) con los cuales la nación dominicana era signataria y, mitigar el hambre y la pobreza en el país, el gobierno dominicano de entonces crea el Plan Presidencial Contra la Pobreza en el año 2000, entidad dependiente directamente de la presidencia de la República, dedicada desde su creación al reparto de forma gratuita de alimentos crudos, medicina, enseres del hogar y juguetes, a sectores vulnerables y de altos riesgos de la población nacional; estas acciones se llevan a cabo desde entonces durante todo el año, siendo más intensas en situaciones de catástrofes naturales y, para la navidad, fecha en la que se distribuyen cientos de miles de cajas, conteniendo alimentos y bebidas propias de esta tradición. Las cajas navideñas suelen estar acompañadas de un pollo congelado y un pan (telera).
El Plan Presidencial Contra la Pobreza mantuvo este nombre hasta el 21 de marzo del año 2005, cuando se le reestablece su nombre original de Plan de Asistencia Social de la Presidencia como se le conoce en la actualidad, mediante el Decreto No. 179-05.
Desde el año 2005 hasta la fecha actual, el Plan Social de la Presidencia ha estado gravitando de forma protagónica en el reparto de alimentos crudos, medicamentos y enseres del hogar a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sin que se pueda determinar a ciencia cierta, cual ha sido el impacto durante todos esos años en cuanto a la reducción del hambre y la pobreza en la República Dominicana.
En todos los tiempos se ha cuestionado la forma o el método que utiliza el Plan Social para la distribución de los alimentos a las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema de la nación, siendo unas de las críticas más enérgicas, el hecho de involucrar en dichos repartos a funcionarios públicos civiles y militares, diputados, senadores, alcaldes, regidores, gobernadores, etc., los cuales hacen usos de esos recursos de forma clientelista y electoralista en ocasiones. Otras de las criticas que se le suelen hacer al Plan Social es respecto a la trasparencia en la forma como adquiere los productos alimenticios y otros bienes que reparte a la población.
La forma como el Plan Social de la Presidencia distribuye los alimentos también involucra a amplios sectores de la sociedad civil organizada, fundaciones, asociaciones, juntas de vecinos, partidos políticos, grupos religiosos, etc., cuyo principal criterio que se emplea para la entrega de dichos alimentos a esas entidades de la sociedad civil, no es otro que la voluntad del que dirige el Plan, llegando dichos alimentos, en gran medida, a familias que posiblemente no son las que más lo necesitan, las más hambrientas y las más pobres; de ahí se desprende el poco impacto que ha tenido esta política pública del gobierno en cuanto al compromiso de reducir la pobreza y el hambre a cero en la nación, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ya se acercan a cumplir tres (3) años desde que fueron firmados el 25 de septiembre 2015 por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea de las Naciones Unidas.
En esa ocasión la Republica Dominicana como todos los demás países miembros que participaron de la mencionada Asamblea de las Naciones Unida (ONU), acordaron “poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Como se observa en el párrafo precedente, la Republica Dominicana se comprometió llegado el año 2030 haber puesto fin a la pobreza y al hambre entre todos sus ciudadanos, compromiso que ya había asumido en el año 2000 con los Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), sin que a la fecha se pueda comprobar que tales metas hayan alcanzado algún avance significativo en los términos deseados y esperados por la población. De lo que se deduce, que las acciones que viene implementando el Plan Social de la Presidencia y otros programas de asistencia social del gobierno no han impactado positivamente, es decir, no han logrado sus cometidos de reducir el hambre y la pobreza en sectores vulnerables de la nación, a pesar de la buena voluntad de nuestros gobernantes.
Siendo, así las cosas, es necesario revisar y reorientar la forma como el Plan Social de la Presidencia ha venido realizando los repartos de alimentos durante más de 15 años ininterrumpidos. En tal sentido soy de opinión, que la manera como más pudiera impactar los repartos de alimentos que realiza dicha institución para reducir la pobreza y el hambre a cero al año 2030, es desarrollando una metodología conforme a un plan estratégico, que permita realizar tales repartos de alimentos de manera focalizada, para beneficiar de manera directa a las familias más necesitadas conforme al Mapa de la Pobreza de la Republica Dominicana, sin prescindir quizás de los actores públicos y privados que hasta hoy han estado colaborando con el Plan Social en los repartos de alimentos, me refiero a los funcionarios públicos civiles y militares, diputados, senadores, alcaldes, regidores, gobernadores, etc., y los sectores de la sociedad civil organizada, fundaciones, asociaciones, juntas de vecinos, partidos políticos, grupos religiosos, etc..
Estando el Plan Social de la Presidencia ubicado en el corazón de la provincia Santo Domingo donde reside el 36% de la población nacional, la misma que aporta el 34% del PIB de la nación, pero con los mayores niveles de pobreza, criminalidad, inseguridad y demás problemas sociales de todo el país, es mi opinión, que si queremos reducir el hambre y la pobreza a cero y demás taras sociales, como nos hemos comprometido con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todos los esfuerzos del Plan Social deberían enfocarse a la población pobre y hambrienta de esta provincia que es la más numerosa del país en todos los órdenes, consecuentemente el impacto que se genere en dicha población, se verá reflejado en todo el país.
De hacerse de la manera antes indicada se podría lograr varios objetivos al mismo tiempo: en primer lugar, garantizar que los alimentos les lleguen a las familias que más los necesitan, en segundo lugar, reducir a su mínima expresión el clientelismo, la exclusión y el dispendio, en tercer lugar, reivindicar los esfuerzos del gobierno por mejorar la transparencia en la gestión pública, en cuarto lugar, el gobierno contaría con un mecanismo viable para medir efectivamente el impacto de los repartos de alimentos en la población beneficiada, y en quinto lugar, se lograría cumplir con la meta de reducir la pobreza y el hambre en los términos acordados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas, mejor conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). (seguram_elso@yahoo.com.)

No aceptamos comentarios ofensivos, El Verificador promueve el debate de ideas como herramienta que fortalece la vida democrática.

6 + 3 =