Por: Sergio Gómez Maseri
Lo que se está viendo en Venezuela es un alarmante “desprecio por el Estado de Derecho y los valores constitucionales” que vienen en franco deterioro desde hace años pero cuya situación se agudizó durante el 2017.
A grandes rasgos, esa es una de las conclusiones centrales de un duro informe sobre el vecino país que presentó este lunes en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el que fustiga al gobierno de Nicolás Maduro y al poder judicial por acabar con la separación de poderes y vulnerar los derechos humanos de todos los habitantes.
“Desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela que ha tenido una profundización e intensificación alarmantes en los últimos dos años y especialmente, en el 2017”, dice el documento de 256 páginas y en el que se incluyen 76 recomendaciones al estado para que corrija su rumbo actual.
En el informe, la CIDH también se declara muy preocupada por el incremento de la represión, la violencia y la inseguridad ciudadana.
La CIDH, de paso, reiteró su decisión de incluir este año a Venezuela en el Capítulo 4 de su informe anual, a donde van a parar aquellos países en lo que se están presentando serias violaciones a los Derechos Humanos.
Según la CIDH, parte de la crisis actual emana de las decisiones que viene adoptando un poder judicial que no es autónomo y cuya expresión más peligrosa fue desconocer a una Asamblea Nacional electa de manera democrática, y dar paso a una Asamblea Nacional Constituyente a través de “un proceso electoral sumamente cuestionado” y que ha dado por resultado una composición oficialista en el legislativo.
Así mismo cuestiona que el Poder Electoral sea ejercido por una institución -el Consejo Nacional Electoral- que no presenta las garantías mínimas de independencia e imparcialidad- mientras la Fiscalía General y la Defensoría de Pueblo han declinado su mandato constitucional de servir a la ciudadanía, la libertad y la democracia.
De acuerdo con la CIDH, esta alteración del orden constitucional y la separación de poderes está teniendo consecuencias concretas y serias entre el pueblo venezolano.
“En opinión de la CIDH -dice el documento- ello se evidencia en múltiples actos a los que se refirió en este informe, como la destitución, inhabilitación, privación de libertad, e incluso afectaciones a la integridad y vida de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. La utilización del poder punitivo para judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a disidentes políticos es otro ejemplo de esta desviación del poder”.

A la grace situación, afirma la CIDH, se suma una crisis socioeconómica que también se ha agravó en los últimos años y que se manifiesta en la hiperinflación, la escasez generalizada de alimentos, el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica.
Según el reporte, quienes han tratado de cambiar la situación se han visto enfrentados a la represión extrema de un estado que bloquea la protesta social de manera violenta.
“La Comisión -se lee en el informe- no puede dejar de reiterar su más enérgico rechazo por el resultado de esta reacción estatal: cientos de personas muertas, miles de detenidos arbitrariamente, denuncias de tortura y actos crueles, inhumanos y degradantes por agentes estatales; personas violadas sexualmente y otras tantas sometidas injustamente a tribunales penales militares”.
El Gobierno debe respetar los límites constitucionales y un orden legal que prevalezca sobre el de los gobernantes de turno
El documento subraya a su vez las “severas restricciones” contra la libertad de expresión a través de la censura y cierre de medios de comunicación y hostigamiento y criminalización de quienes ventilan sus opiniones políticas.
Ya para terminar, el documento insiste en que por más “noble” que sea la intención de un gobierno, este debe respetar los límites constitucionales y un orden legal e institucional que prevalezca sobre el de los gobernantes de turno.
En su aparte de recomendaciones, la CIDH pide restablecer el orden constitucional, tomar medidas para garantizar la separación de poderes, permitir la participación política sin discriminaciones, y garantizar el control ciudadano de las actuaciones de los distintos poderes.
Así mismo, el documento insiste en que Venezuela debe regresar a la OEA y le solicita que acepte una visita “in loco” al país para verificar la situación en el terreno.
En su respuesta al informe -incluida en el mismo documento- el gobierno de Maduro sostiene que el informe es parcializado, pues no se tomó en cuenta la información oficial que se les suministró y rechaza la inclusión del país en el Capítulo 4.
De paso, deja claro que no aceptará una visita al país, pues eso implicaría convalidar la decisión de poner a Venezuela en la “lista negra” de su informe anual.

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