El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, acogió la solicitud de prórroga de cuatro meses solicitada por la Procuraduría y ratificó todas las medidas de coerción de los acusados.
En cuanto a la solicitud de retirar el embargo del salario del imputado Bernardo Antonio Castellanos de Moya, el juez decidió declarar la petición inadmisible, por no haberse propuesto en la forma legalmente establecida.
Asimismo, rechazó los medios presentados por los abogados de los imputados Porfirio Andrés Bautista García y César Domingo Sánchez Torres, por considerarlas improcedentes, mal fundados y carentes de base legal.
El juez Ortega otorgó al ministerio público una única prórroga por espacio de cuatro meses a partir de ayer hasta el 9 de junio del año en curso, para que presenten los requerimientos conclusivos con relación a la investigación.
El ministerio público encontró poca objeción a la solicitud de prórroga de cuatro meses que presentó ante el juez Ortega, para continuar las investigaciones del caso del soborno que por 92 millones de dólares admitió pagar Odebrecht en la República Dominicana en el período 2001-2014 y presentar la acusación en la fase preparatoria del expediente.
En la audiencia de solicitud de prórroga, que inició a las 10:00 de la mañana, 10 de los 14 implicados en el proceso de los sobornos de Odebrecht no se opusieron a que el juez Ortega le conceda el plazo solicitado por el ministerio público, a través de la Procuraduría Especializada para la Persecución Administrativa (PEPCA).
Solamente se opusieron a esa solicitud los imputados Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Ruddy González y Conrado Pittaluga.
Mientras que no objetaron la petición Temístocles Montás, Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo De Óleo y Radhamés Segura.
A través de sus respectivos abogados, los imputados expresaron su disposición de colaborar y de no fugarse durante el proceso.
La defensa de Galán argumentó que no se opone a la extensión del plazo porque no quieren que después el ministerio público alegue que por falta de tiempo no se pudo instrumentar el expediente.
La mayoría estuvo de acuerdo que el juez autorice al ministerio público a disponer de todo el tiempo que le confiere el Código Procesal Penal.
Pero al mismo tiempo, algunos aprovecharon para expresar que la solicitud de prórroga significa que el ministerio público no está preparado para someter su acusación o acto conclusivo.
La defensa de Alfredo Pacheco criticó que el ministerio público suscribiera un acuerdo con Odebrecht sin tener realizada la investigación, pero encontró respuesta de los representantes del ministerio público, que afirmaron que sí están preparados.
En el caso de Pacheco, solo apoyó que el plazo sea otorgado por un máximo de dos meses.
La barra de defensa de Ángel Rondón, encabezada por el abogado Tony Delgado, criticó la conducta de la empresa Odebrecht.

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