Por: Valentina Lares Martiz
‘Ganar’ las elecciones presidenciales en Venezuela, recién pautadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de mayo, no será un asunto de matemática objetiva sino de perspectiva.
Obtener la mayor cantidad de votos suele definir el triunfo de un candidato en condiciones competitivas, pero el proceso que se delinea Venezuela tiene problemas estructurales que minan su credibilidad casi hasta la médula.
Comienzan por la fecha misma de la votación. Según el cronograma que establecen la Constitución y las leyes venezolanas, el nuevo período presidencial comienza en febrero de 2019, por lo que las elecciones deben ser convocadas con no más de seis meses de anticipación –en agosto de 2018– y celebradas en ese lapso.
Al celebrarse el 20 de mayo se viola esta temporalidad esencial y quedará un presidente electo con nueve meses en un limbo constitucional si gana el candidato Henri Falcón, o un presidente en ejercicio con nueve meses de gracia si gana Nicolás Maduro.
Porque a esas dos opciones se reduce la competencia, gracias también a un diseño que poco a poco ejecutó el gobierno previendo la llegada de este año electoral.
A pesar del misterioso pulso sostenido entre el oficialismo y la oposición en República Dominicana a comienzos de este año, la oposición quedó sin la posibilidad de postular a sus figuras y partidos más fuertes por tecnicismos legales y decisiones políticas que el gobierno se niega a revertir.
A saber, quedó ilegalizada la posibilidad de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la coalición de partidos opositores– participe, así como Primero Justicia, Voluntad Popular y La Causa R, de sus partidos más significativos.
Tampoco pueden participar sus candidatos con más potencial, el exgobernador Henrique Capriles y Leopoldo López, el primero inhabilitado recientemente y el segundo paga su pena en el domicilio.
“Esta será una elección ‘a la nicaragüense’, como la que promovió Daniel Ortega en su país en 2016, tras sacar del juego a la oposición”, explica el politólogo y profesor universitario Luis Salamanca.
“Solo con esto ya tenemos una elección distorsionada, que le quita al voto prácticamente todo su poder porque, además, el resto de las condiciones para participar son leoninas. Las restricciones sobre los opositores convierten a estas presidenciales en unas elecciones no democráticas”, agrega el analista.
La candidatura del exgobernador de Lara Henri Falcón no cambia demasiado el escenario. Aunque fue miembro de la MUD, Falcón se ha postulado contraviniendo la decisión del bloque de boicotear el proceso y apuesta al deseo que expresan la mayoría de los venezolanos –entre 65 y 70 por ciento– de querer votar para lograr un cambio de gobierno.
Sin embargo, las encuestas en las que se apoya no miden condicionantes fundamentales, después de las elecciones regionales y municipales del año pasado. ¿Está dispuesto a votar con este Consejo Nacional Electoral y en las mismas condiciones que los últimos procesos electorales?
La respuesta a esta pregunta sería la que marque la verdadera tendencia. Al menos hasta ahora, la decepción generada por las condiciones y resultados de las elecciones del año pasado apuntan a la desmovilización opositora y, así, a un triunfo seguro del presidente Nicolás Maduro.
“Sin entrar a considerar sus motivaciones para participar, lo cierto es que Falcón no es un competidor de fuelle contra la maquinaria oficialista. Es un líder regional que de paso acaba de perder la gobernación (del estado Lara), que era su patio natural; una figura que tampoco contará con la maquinaria y el apoyo de la MUD, que funcionó muy bien como plataforma electoral. Maduro se saldrá con la suya para revalidar el mandato, pero lo hará de una manera tan escandalosa que, en las condiciones actuales de Venezuela, cuesta mucho creer que podrá gobernar”, precisa Salamanca.
Maduro se saldrá con la suya para revalidar el mandato, pero lo hará de una manera tan escandalosa que, en las condiciones actuales de Venezuela, cuesta mucho creer que podrá gobernar.
Al menos en lo que respecta a la comunidad internacional –decidida a no reconocer el resultado de lo que ocurra en mayo–, el mandatario venezolano ya no contará con su respaldo político ni económico, pero ello no significa, ni de lejos, un triunfo para la oposición, que tras años de exigir adelanto de elecciones presidenciales no se preparó en caso de lograr su objetivo.
Sin escoger a un candidato unitario –ni siquiera un protocolo de urgencia para lograr un consenso o unas primarias–, la MUD fue sorprendida por el chavismo y su adelanto electoral, dejando a la población opositora sin una ruta para la participación, aunque fuera en condiciones desventajosas.
Esa impericia y los arrebatos oficialistas dejan la abstención como la única opción; para muchos, sensata. El boicot como protesta, pero también como callejón sin salida, pues reconoce que el voto –por culpas propias o ajenas– perdió su potencial de movilización y legitimación política.

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