El conflicto sociopolítico de Nicaragua, originado por la gestión del presidente Daniel Ortega, cumplió ayer 100 días en medio de la incertidumbre que ha generado la mermada economía, la violencia que no cesa y el éxodo de ciudadanos atemorizados frente a una situación sin perspectivas de una pronta salida.

La represión y las amenazas del Gobierno hacia quienes alzan su voz en contra de Ortega, de 72 años, generaron un cambio radical en el país que, hasta hace poco más de tres meses, tenía la imagen de ser el más seguro y pacífico de Centroamérica.

Según informó ayer la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 448 personas han muerto, 2.800 han resultado heridas y 595 están desaparecidas desde que el pasado 18 de abril comenzaron las protestas antigubernamentales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven”, cifró en 295 los muertos.

Las fallidas reformas del seguro social planteadas por Ortega desataron una oleada de multitudinarias protestas que desembocaron en una lucha desigual, en la que los manifestantes autoconvocados, en su mayoría estudiantes universitarios, levantaron barricadas para protegerse de la violencia armada de las fuerzas paramilitares y parapoliciales.

La crisis provocó que cientos de medianas y pequeñas empresas cerraran y muchos nicaragüenses se han visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en busca de un empleo que sustituya el que han perdido.
Los sectores más afectados son el turístico y el hotelero, que, según han reconocido diversos empresarios, cuyo nombre omiten por temor a represalias, han dejado de recibir clientes y, por ende, se vieron obligados a cerrar sus puertas al público. Ese es el caso de hoteles, restaurantes, bares y lugares de ocio en general.

Las pérdidas económicas, de las que todavía no hay datos concretos, han puesto a Nicaragua en una situación difícil, ya que no cuenta con un potencial económico fuerte para salir, a corto plazo, del pozo en el que se ha sumido desde el comienzo de la crisis, cuyo fin no se prevé cercano.

De hecho, Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de ese país, afirmó ayer que la “grave crisis” política que vive Nicaragua afectará la economía nicaragüense, que solo este año se calcula retrocederá tres por ciento en su producto interno bruto (PIB).

“El país está enfrentado a una situación muy difícil política y económica que se está traduciendo en una recesión muy fuerte en toda la economía (…) Las proyecciones hablan de un decrecimiento del 1, del 3, del 5 (por ciento), no se sabe la verdad, porque no se sabe cómo va a terminar todo este año”, afirmó Argüello.

Según reiteró la Iglesia católica, la solución del conflicto que afecta a todos los sectores de la sociedad es complicado, debido a la falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno, que no está dispuesto a renunciar ni a adelantar elecciones, tal y como pide la gran Alianza Cívica.

El país está enfrentado a una situación muy difícil política y económica que se está traduciendo en una recesión muy fuerte en toda la economía

Y esto se suma a la crisis social que ha generado la violencia de las balas de las “fuerzas combinadas” gubernamentales, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, que continúan matando a los que se manifiestan contra el Gobierno.

Por eso, la ANPDH pidió ayer desarticular a los grupos paramilitares a los que acusa de capturar, torturar, asesinar y causar “terror” a pobladores a raíz de las protestas antigubernamentales.

“Si verdaderamente, como lo ha expresado el presidente Ortega”, estos grupos “no pertenecen al Gobierno, que tome cartas en el asunto y garantice el derecho a la seguridad ciudadana y a la vida”, pidió Álvaro Leiva, secretario de la ONG.

Pese a la gravedad de la situación, ninguna de las partes está dispuesta a ceder en una lucha que ha ocasionado ríos de sangre. Así lo manifestaron los autoconvocados por una parte y los sandinistas por otra en sendas marchas realizadas el Día Nacional del Estudiante en Managua, que se celebró el pasado lunes, cuando ambos bandos dejaron claro que no cederían hasta alcanzar los ideales por los que mueren y matan.

Paz, justicia, democracia y libertad son palabras que unos y otros hacen suyas, pero en contextos dispares y con actores diferentes.

Los sandinistas abogan por la continuidad de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, mientras que los manifestantes exigen el abandono inmediato del presidente y todo el Ejecutivo.

Ayer, representantes estudiantiles anunciaron que el 90 por ciento de los alumnos de la estatal Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), de la ciudad de León (noroeste), acordaron no acudir al reinicio de clases mientras se mantenga la crisis.
“Nos hemos declarado en desobediencia estudiantil”, informó el Movimiento Estudiantil 19 de Abril UNAN León, ante el reinicio de las clases decretado por las autoridades de la casa de estudios.

“El próximo sábado y el lunes volveremos a hacer resistencia al llamado de regreso a clases de las autoridades universitarias y los dirigentes del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), marionetas del régimen”, sostiene el comunicado del el movimiento estudiantil.

Lo cierto es que Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más fuerte desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

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