Autora: Margarita Cedeño de Fernández

En el centro del debate en torno a la protección social, el mercado laboral y el desarrollo sostenible, se encuentra la economía del cuidado no remunerado, es decir, el conjunto de acciones que se realizan dentro del hogar, relacionados con el mantenimiento de la vivienda, el cuidado de las personas dentro del hogar y la fuerza de trabajo no remunerada.

 

Es un tema del que se habla poco en nuestro país, pero que toca de cerca a todos los hogares dominicanos, pues en casi todos hay trabajo doméstico y no remunerado que es realizado por una parte de los habitantes del hogar, muy probablemente por las mujeres.

 

Reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado entre familia, Estado y mercado; y a la vez entre mujeres y hombres, es una tarea urgente que incide en la igualdad social y, especialmente, en la igualdad de género. De inicio, se requiere más información sobre el fenómeno. Algunos países de la región han avanzado en encuestas nacionales de uso de tiempo, ya que es fundamental el diseño de políticas públicas que incorporen informaciones más actualizadas.

 

La economía de cuidado toma mayor relevancia por el envejecimiento de la población. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe considera que para el 2040, las personas de 60 años y más, superarán a las de 0 a 14 años. Es un dato fundamental en la concepción de las políticas públicas post 2030, cuando se completen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Envejecer es un logro que debe venir acompañado de las condiciones de vida necesarias para disfrutar los frutos de lo que se sembró. Para ello, hace falta “un enfoque institucional y social más extenso sobre el ciclo de vida, de herramientas y aprendizajes sociales sobre cómo prepararse para la etapa de vida del adulto mayor”.

 

Esta necesidad viene acompañada de importantes retos en torno al cuidado y la protección social, que demandan del Gobierno el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a regular, financiar e implementar programas que mejoren la provisión de servicios hacia la población que más demanda del cuidado doméstico no remunerado, en concreto la población infantil, los adolescentes y jóvenes, las personas con discapacidad y la población adulta mayor.

 

Deben mejorar, por igual, las condiciones laborales de las personas cuidadoras, fomentando la formación y certificación en la atención de distintos grados y tipos de requerimientos de cuidado-dependencia. Un informe que elaboramos desde el Gabinete de Políticas Sociales plantea la necesidad de una reorganización de la responsabilidad y de todas las tareas que conllevan los cuidados, que deben de dejar de constituir un asunto casi exclusivamente privado, familiar y femenino para convertirse en un asunto colectivo, público y universal.

 

En resumen, la economía del cuidado crece de manera sostenida en la misma medida en que aumenta la demanda de los grupos vulnerables, por lo que creará numerosos empleos en los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidados sigue estando caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, por bajos salarios o nula compensación, y por el riesgo de sufrir daños físicos y mentales y, en algunos casos, abuso sexual. Las políticas públicas deben actuar de manera decidida para que esa realidad cambie en el corto plazo.

 

 

 

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