García es el cuarto exmandatario del Perú en líos por los sobornos de Odebrecht.


Después de presentarse el pasado 15 de noviembre a la Fiscalía para responder por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima durante su segundo Gobierno (2006-2011), un juez dictó una orden que le prohíbe a García -quien reside en España- salir de Perú por 18 meses mientras proceden las investigaciones en su contra por corrupción.

Al verse acorralado, el político denunció una supuesta “persecución política” en su contra y se refugió en la embajada de Uruguay en Lima, donde hizo una solicitud de asilo que sigue pendiente de ratificarse.

García escribió en sus redes sociales: “Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria”.

Entre tanto, el actual mandatario peruano, Martín Vizcarra habló por teléfono con su par uruguayo Tabaré Vásquez sobre el pedido de García, quien ingresó a la residencia del embajador uruguayo el sábado en la noche.

Vizcarra le dijo a su colega que en Perú “no hay persecución política”, como alega García, y se comprometió a enviarle “información sobre el proceso” que enfrenta el exgoberante socialdemócrata. La información proporcionada servirá para que Montevideo pueda “tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo”, agregó Vizcarra.

Esta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 pidió refugio en la embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori y luego se exilió en Bogotá. En ese periodo fue acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Volvió a Perú en 2001 cuando descartaron los cargos.

¿De qué se le acusa?
La constructura brasileña Odebrecht ha reconocido que pagó millonarios sobornos para adjudicarse un contrato para la construcción del metro limeño durante el segundo mandato de García (2006-2011).

Según el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, en 2009 el expresidente convocó al Consejo de Ministros para ejecutar varios decretos de urgencia para modificar el marco legal del proyecto y favorecer a Odebrecht para que llevara a cabo las obras de la línea 1 del metro.

En julio de 2011, García inauguró el primer tramo del metro de Lima. La contraloría peruana detectó un perjuicio de $ 111 millones de dólares en la obra.

Las investigaciones sobre el caso han llevado a prisión preventiva a algunos altos funcionarios ligados al proyecto, incluido un ex viceministro, quien recibió pagos de la constructora en paraísos fiscales.

La Fiscalía también reveló que la empresa brasileña habría consignado 100.000 dólares a la cuenta bancaria de Alan García como pago por una conferencia en 2012 en Sao Paulo, (Brasil), que salió salió de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht.

El informe recuerda además que Alan García reportó ante la Fiscalía en el 2013 que entre agosto del 2011 y diciembre del 2012 dictó 18 conferencias por las que recibió US $ 830.000.

Alan García, quien gobernó en dos periodos (1985-1990 y 2006-2011), es uno de los cinco presidentes de Perú que enfrentan problemas con la justicia: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Cuatro de ellos están salpicados por el megaescándalo de corrupción de Odebrecht y uno (Fujimori) por violaciones de los derechos humanos y corrupción.

Por el caso Odebrecht, García, Humala y Kuczynski tienen con prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.

Odebrecht admitió ante la justicia que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García. En tanto, Alberto Fujimori permanece desde hace un mes y medio en una clínica en calidad de detenido y debe volver a prisión cuando sea dado de alta, después de que la justicia peruana anulara el indulto que obtuvo en diciembre de 2017 mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

Aunque el expresidente Fujimori no está involucrado en el caso Odebrecht, este caso salpica a su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace 19 días acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la empresa brasileña en 2011.

¿Qué le espera a García?
Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso de García, quien es investigado por la fiscalía peruana por el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, se encuadra dentro de la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.

“Si Uruguay considera que existen más elementos políticos que jurídicos, le concederá el asilo”, dijo a la AFP un alto funcionario peruano, quien añadió que Montevideo “puede solucionar el caso en 30 minutos o en cinco años, porque la convención de asilo no especifica plazo”.

A la residencia del embajador acudieron el domingo los hijos de García a visitarlo y se congregaron manifestantes a favor y en contra del asilo. También fue a verlo su exministro Jorge Alva Castro, quien fue golpeado por algunos manifestantes.

Vizcarra, quien ha ganado niveles récord de popularidad con una cruzada contra la corrupción, negó que exista persecución contra García u otros líderes políticos y tuiteó que “todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”.

El pedido de asilo fue criticado por políticos de gobierno y oposición. “El señor García decía que se allanaba a las investigaciones y que se quedaba en el país porque no tenía nada que temer y ahora pide asilo en la Embajada de Uruguay

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