El político es investigado por corrupción en el caso Odebrecht. Tiene prohibida la salida del Perú.


El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, anunció este lunes que no concederá el asilo político al expresidente peruano Alan García, quien había hecho la solicitud el pasado 17 de noviembre, cuando un juez le prohibió la salida del país, y se refugió en la embajada uruguaya en Lima alegando una supuesta “persecución política”.

“En el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estados, especialmente el Poder Judicial que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos [de García]. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, no concedemos el asilo político”, declaró Vásquez en una rueda de prensa, junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

García es investigado por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que se vio favorecida en la adjudicación del contrato para las obras de la primera línea del metro subterráneo en Lima, durante el segundo mandato del expresidente (2006-2011).

El canciller peruano, Néstor Popolizio, afirmó que la información le fue proporcionada por las autoridades de ese país y que el exmandatario ya abandonó la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

“Ellos habían hecho una evaluación jurídica de todos los aspectos y donde llegaban a la conclusión que no hay persecución política” en Perú, dijo Popolizio a una radioemisora local.

La pesadilla de García empezó el pasado 15 de noviembre, cuando un juez dictó una orden que le prohibió al expresidente salir de Perú por 18 meses (García reside en España) mientras proceden las investigaciones en su contra por corrupción.

Al verse acorralado, el político denunció una supuesta “persecución política” en su contra y se refugió en la embajada de Uruguay en Lima, donde hizo una solicitud de asilo.

El político escribió en sus redes sociales: “Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria”.

El presidente peruano Martín Vizcarra negó que la investiagción contra García se tratara de una persecución política, y se comprometió a enviar los documentos del proceso judicial a su homólogo uruguayo.

Este 3 de diceimbre, el presidente de Uruguay declaró que revisaron la documentación entregada por Lima y por el solicitante, y “en pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo”.

La constructura brasileña Odebrecht reconoció que pagó millonarios sobornos para adjudicarse un contrato para la construcción del metro limeño durante el segundo mandato de García (2006-2011).

Según el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, en 2009 el expresidente convocó al Consejo de Ministros para ejecutar varios decretos de urgencia para modificar el marco legal del proyecto y favorecer a Odebrecht para que llevara a cabo las obras de la línea 1 del metro.

En julio de 2011, García inauguró el primer tramo del metro de Lima. La contraloría peruana detectó un perjuicio de $ 111 millones de dólares en la obra.

Las investigaciones sobre el caso han llevado a prisión preventiva a algunos altos funcionarios ligados al proyecto, incluido un ex viceministro, quien recibió pagos de la constructora en paraísos fiscales.

La Fiscalía también reveló que la empresa brasileña habría consignado 100.000 dólares a la cuenta bancaria de Alan García como pago por una conferencia en 2012 en Sao Paulo, (Brasil), que salió salió de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht.

El informe recuerda además que Alan García reportó ante la Fiscalía en el 2013 que entre agosto del 2011 y diciembre del 2012 dictó 18 conferencias por las que recibió US $ 830.000.

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