A las 6:30 de la mañana, el expresidente del Perú Alan García escuchó, desde las escaleras que conducen al segundo piso de su casa –ubicada en el exclusivo sector limeño de Miraflores–, que un fiscal especial tenía una orden de allanamiento y de detención preliminar en su contra por 10 días, relacionada con el escándalo de sobornos de Odebrecht.

El exmandatario, que ocupó el poder en dos periodos, de 1985 a 1990, y de 2006 a 2011, se excusó para hacer una supuesta llamada a su abogado, subió a su habitación y se encerró con llave. Poco después, los funcionarios que fueron a hacer la diligencia judicial escucharon un disparo.

En principio se pensó que era un balazo contra ellos. Pero luego entendieron lo que estaba sucediendo.Subieron raudos a la habitación, forzaron la cerradura y encontraron sentado en una silla el cuerpo del líder del Apra con un disparo con orificios de entrada y de salida, pero aún con vida.

Lo llevaron al hospital Casimiro Ulloa, en donde se le practicó una operación. García, de 69 años, logró superar tres paros cardiorrespiratorios, pero poco después se anunció su deceso. “Se lamenta informar del fallecimiento del expresidente Alan García a las 10:05 horas locales por hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio”, indicó un comunicado del Ministerio de Salud.

El cerco de la investigación de los sobornos por 4 millones de dólares de Odebrecht para la construcción de la línea 1 del metro de Lima comenzó a estrecharse de manera apremiante sobre el exmandatario a fines del año pasado, cuando fracasó en su intento de conseguir asilo en Uruguay para eludir la investigación de la fiscalía por supuesta corrupción.

En noviembre había ingresado a la embajada uruguaya en Lima, donde solicitó asilo alegando “persecución política”, pero Montevideo rechazó su pedido y al cabo de 16 días tuvo que marcharse.

La fiscalía también investigaba a García y otros 21 funcionarios por conspirar supuestamente para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals ganar en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao.

El suicidio de García se produjo un día después de que declaró a la prensa que sería “una gran injusticia” ir a prisión. “Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. Me parece que eso sería una gran injusticia”, dijo en una entrevista al canal de televisión de RPP, donde defendió su inocencia.

“Rechazo tajantemente eso. Es una cobardía intelectual, es demagogia jurídica”, resaltó sobre versiones periodísticas de que habría recibido sobornos a través de testaferros. “No le temo a una prisión preliminar. No poder salir del país es una forma de prisión también”, agregó el exmandatario recordando que desde noviembre pasado pendía en su contra una orden de impedimento de abandonar Perú por 18 meses.

García lucía tranquilo durante la entrevista, que matizó con algunas bromas en medio de la severidad de sus descargos y críticas a los fiscales del caso Lava Jato/Odebrecht que lo investigan.

“Ratifico la limpieza de mis actos y mi aversión a tener los millones que muchos creen que yo tengo”, indicó.

El expresidente reiteró que la Fiscalía carecía de pruebas que justificasen una orden de detención o prisión preventiva en su contra. “Ningún documento me menciona. Puedo decirles que yo para robar no nací”, declaró luego García al canal N de televisión.

Tras conocerse este miércoles la noticia de su trágica muerte, las reacciones no se hicieron esperar: “Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, aseguró a través de Twitter el mandatario peruano, Martín Vizcarra.

Si bien es cierto que el suicidio de García es la causa más trágica del proceso por corrupción de Odebrecht, los cuatro últimos expresidentes peruanos (incluido el líder del Apra) que ocuparon el cargo sucesivamente desde 2001 hasta 2018 se han mantenido en la mira de la justicia desde que se destapó, en diciembre de 2016, el escándalo de corrupción de la constructora brasileña.

Pero también se ha abierto una dura polémica pues algunos sectores creen que con la detención preventiva del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y la orden de allanamiento y detención contra García, la justicia se está extralimitando. “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”, señaló Mauricio Mulder, congresista del Apra, el partido más antiguo de Perú, al que pertenecía el mandatario fallecido.

La justicia se defiende al decir que se acogió a todos los protocolos legales, pero sin duda nunca se contempló la posibilidad de un suicidio, que no se sabe hasta qué punto puede alterar el curso de las demás investigaciones o incluso profundizar la división entre el Gobierno de Vizcarra y la oposición de derecha que controla el Congreso.

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