Por: Valentina Lares Martiz
El 5 de julio, Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ofrecerá el informe final sobre el estudio que adelanta su despacho desde hace meses sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pero su visita al país, desde el miércoles hasta el viernes pasado en la noche, dejó una conclusión clara: la Venezuela “revolucionaria” será vigilada de cerca.

La complicada agenda de Bachelet incluyó reuniones con al menos dos docenas de políticos, sobre todo del régimen de Nicolás Maduro. Pero la Alta Comisionada aseguró que el interés de su visita no era protocolar y así su equipo organizó reuniones con organizaciones de derechos humanos, periodistas, pero especialmente con víctimas y familiares de víctimas de tratos crueles, tortura, nulo acceso a la justicia y violencia de Estado.

Fue este el encuentro que más hondo caló en Bachelet. A pesar de los compromisos iniciales de confidencialidad en esta reunión, pronto trascendieron imágenes y testimonios que atestiguaban la empatía que estableció la Alta Comisionada con las víctimas y sus familiares, ante descripciones de injusticias y dolores que helaban la sangre.

El padre del diputado Juan Requesens, preso hace 10 meses y -como casi 700 presos políticos- víctima de un sistema judicial ensañado con la disidencia política, aseguró que Bachelet lloró al escuchar los testimonios.

“Fue electrocutado, lo colgaron de los pies hasta que se desmayaba, luego lo mojaban y lo electrocutaban para despertarlo”, le contó Sandra Hernández con la voz llorosa sobre las torturas que ha sufrido su esposo, el guardia nacional Bandres Figueroa, quien se rebeló contra el régimen de Maduro en enero de este año.

“Le colocaron una bolsa para asfixiarlo, intentaron violarlo con un palo, le abrieron las piernas entre dos personas y le golpeaban los testículos”, fue apenas uno de los casos que se le expuso.

Antes de irse, Bachelet hizo un brevísimo recuento de parte de estos testimonios -algunos de víctimas de la oposición- y aseguró que escucharlos fue “profundamente doloroso”. Esa visibilización de la injusticia a tan alto nivel es, hasta ahora, el amargo y único triunfo real de la visita de la Alta Comisionada para los actores más frágiles de la historia, las víctimas y sus familias.

En términos políticos la realidad es otra cosa. Lo que en principio pudo haberse interpretado como una victoria política para el régimen de Maduro, que fue reconocido por Bachelet como el Gobierno venezolano en ejercicio -al que agradeció su invitación y cooperación- pronto trastocó en revés pues tuvo que aceptar que “un pequeño equipo de dos oficiales permanezca aquí brindando asistencia y asesoría técnica, y para continuar monitoreando la situación de Derechos Humanos en Venezuela”.

Como si eso fuera poco, el régimen de Maduro se comprometió a dar libre acceso a estos comisionados a las cárceles del país “para poder monitorear las condiciones y hablar confidencialmente con los privados de libertad”. Esto, en plena “revolución bolivariana”, donde abogados y familiares llegan a pasar hasta dos meses sin tener acceso a sus defendidos y familiares, suena casi a ciencia ficción.

Por eso, al ser consultada por los periodistas sobre cómo se podría concretar una promesa semejante, Bachelet solo pudo encogerse de hombros. “Es lo que nos han comprometido, espero que cumplan y si no, tendremos que manifestarlo”.

La Alta Comisionada destacó otros compromisos asumidos por el régimen de Maduro, como llevar a cabo una evaluación para la prevención de la tortura, así como permitir el ingreso al país de expertos independientes (relatores especiales) de Naciones Unidas.

Las primeras reacciones a estas promesas fueron de desconfianza, a pesar de que la visita acabó con las reticencias que generaba en Venezuela una persona con el perfil -de izquierda- de Bachelet. “La visita de Bachelet fue positiva (…) Sin duda Maduro y su cúpula asumieron verbalmente compromisos e hicieron promesas que muy probablemente se incumplan (…) pero la comunidad internacional pudiera incrementar acciones de protección y apoyo al pueblo venezolano”, opinó oficialmente la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Provea.

Fueron y son tantas y tan acuciantes las denuncias de una justicia sesgada, violencia política y violencia de Estado que en la breve reunión con el fiscal oficialista Tarek William Saab, este no tuvo otra opción más allá de reconocer que los cuerpos de seguridad del Estado “no son los únicos” culpables de la violencia política. El funcionario aseguró que 596 funcionarios han sido procesados por estas razones, sin embargo, no especificó alguno.

Poco antes de culminar oficialmente la visita de la Alta Comisionada, Maduro ofreció una breve declaración pública en la que aseguró tener la disposición “para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones y sus propuestas para que en Venezuela prive un sistema de Derechos Humanos cada vez más profundo”. La brevedad y la incomodidad caracterizaron esta declaración.

Minutos después, Bachelet tuvo observaciones que trascendieron el campo de la violencia de Estado y el acceso a la justicia y señaló el deterioro “extraordinario” de las condiciones de vida de los venezolanos, parte de una crisis económica “preexistente” cuyas causas aseguró son diversas y que podrían ser agravadas por las sanciones internacionales. Pidió la liberación de presos políticos y llamó a los actores políticos a dar “pasos audaces” para la resolución de un conflicto político que pueda devolver la estabilidad a Venezuela.

Juan Guaidó, más allá de haber sostenido una reunión con Bachelet, no pasó de ser reconocido como el presidente de la Asamblea Nacional.

No aceptamos comentarios ofensivos, El Verificador promueve el debate de ideas como herramienta que fortalece la vida democrática.

41 + = 51