El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, respalda una eventual reforma constitucional que habilite al presidente Danilo Medina para participar como candidato en las elecciones del año 2020.

Afirma que la misma Carta Magna establece los mecanismos para su modificación, por lo que considera un exceso el planteamiento de que no se puede reformar.

“Nosotros planteamos que no nos oponemos, por el contrario, respaldamos que se modifique la Constitución con el propósito que están promoviendo porque se trata de una situación donde no es ganar ganar, es ganar y ceder”, afirmó de la Rosa.

Agrega que aspirar a una candidatura presidencial, mediante cambios en la ley sustantiva, es un derecho legítimo del que goza cualquier dominicano, incluyendo al presidente Danilo Medina.

El abogado favorece que en una posible convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora (ANR), se tomen en cuenta otros puntos como el de la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales.

Al ser entrevistado en el programa Víctor Online, de la Rosa Tiburcio hizo sugerencias sobre otros artículos y agregó que “siempre y cuando se respete lo que establece la propia constitución, nosotros no vemos objeción alguna en que se pueda intervenir”

Recordó que desde que se inició el debate sobre la pertinencia de una reforma constitucional, ha sido coherente con su postura sobre la manera en cómo se debe abordar dicha modificación

OTRAS SUGERENCIAS

El presidente de ADOCCO apoya la exclusión de la figura del procurador general de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ya que, según afirma, de esa manera, ese órgano constitucional retomaría su esencia.

También ha solicitó que se cree la figura del fiscal general anticorrupción, como un órgano constitucional con autonomía en su accionar y designado por el CNM.

Un fiscal general electoral, cuyas exigencias sean similares a la de anteriormente citado, con la salvedad de que este sería responsable de la persecución de delitos electorales.

Establecer el reforzamiento de reformas futuras a la Carta Magna como la realización de un plebiscito, organizado por la Junta Central Electoral y ser aprobada por un referendo aprobatorio.

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