Por: Juanita Samper Ospina
Los tropiezos registrados en España en los últimos años para elegir presidente, como acaba de suceder con Pedro Sánchez, plantean si la democracia en este país se ha debilitado o si la estructura electoral y el régimen parlamentario deben ser reconducidos por otros cauces.

Los hechos son dicientes. En 2016, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), no pudo ser investido como presidente tras la primera votación y tuvo que esperar a la segunda para convertirse en presidente. Pedro Sánchez lleva dos intentos, y se espera un tercero para septiembre.

En realidad, el ejercicio democrático en España se ha profundizado en los últimos años con la aparición pacífica de nuevos partidos políticos y la respuesta amplia de la ciudadanía a cada convocatoria electoral. El primer factor, sin embargo, ha incidido en la dificultad de investir presidente.

Tras la crisis económica iniciada en 2008, emergieron dos fuerzas para atraer un electorado inconforme con los partidos tradicionales: Podemos, de extrema izquierda, y Ciudadanos, inicialmente un movimiento de centro.

Ambas agrupaciones llegaron al panorama político para arrebatarles electores decepcionados al Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y al conservador PP, sumidos en escándalos de corrupción.

Desde la reinstauración de la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y el retorno al régimen de monarquía parlamentaria, esos dos partidos coparon el espacio político español.

Hasta 2015, el bipartidismo dibujó el esquema de poder y determinó los resultados de las diversas elecciones presidenciales. Ello significó que el partido que obtuviera más diputados en el Parlamento era el destinado a gobernar.

Las votaciones en el Congreso se hacían por dos bloques políticos únicamente. Nadie se apartaba de las decisiones de partido. Y la aritmética, por tanto, era simple. Ganaba el ganador.

Con el nacimiento de Podemos y de Ciudadanos, primero, y luego de Vox, de extrema derecha, además de los partidos regionales minoritarios, la estructura de poder se alteró. Se pasó al multipartidismo.

En la práctica, esto significa que no basta ganar unas elecciones con el número de votos obtenidos de los ciudadanos. La normativa, a la que nunca había sido necesario recurrir, se impuso: para que alguien gobierne, requiere una mayoría absoluta de parlamentarios.

Como los resultados electorales recientemente no han dado a ningún partido una mayoría absoluta, traducible en un número de diputados suficiente, la agrupación con más votos debe buscar alianzas o hacer coaliciones con otras dentro del Congreso para aumentarlos a favor del candidato a la presidencia.

Si no se obtiene la mayoría absoluta de parlamentarios en una primera ronda a través de las alianzas entre los partidos, la normativa prevé una segunda y una tercera oportunidad para intentarlo por mayoría simple.

Es el caso de Sánchez: en primera instancia, no logró la mayoría absoluta ni por sí mismo (a través de los resultados de las elecciones presidenciales) ni consiguió las coaliciones indispensables.

Lo intentó una segunda vez y tampoco obtuvo el apoyo requerido. No falló el modelo democrático, sino el mecanismo para configurar mayorías suficientes en el Parlamento. Fracasó, pues, la política, pero no la democracia.
Dado que Sánchez no obtuvo las adhesiones necesarias, deberá repetir el proceso en septiembre, por última vez, y, en caso de otra investidura fallida, el rey disolverá el Congreso y habría de nuevo elecciones presidenciales en noviembre.

Todo esto deja a la vista la existencia de un largo proceso en el tiempo y el gobierno en manos de un presidente en funciones con competencias limitadas. Hasta ahora, esto no ha afectado la democracia española en sí, que evidentemente muestra muchos signos de fortaleza, ni a los ciudadanos, que viven la situación con paciencia.

Para la ciudadanía, cualquier opción es mejor en democracia que el terrible recuerdo de la dictadura militar del general Franco. Incluso, no le molestan los 140 millones de euros que cuesta cada elección presidencial.

Para flexibilizar el proceso de investidura, tornarlo más ágil y efectivo y evitar bloqueos, se busca proponer una reforma de la Constitución. El objetivo es que se amolde a la actual realidad parlamentaria e impida convocar elecciones presidenciales a cada rato.

La reforma del artículo 99, que regula el procedimiento de investidura del presidente, pretende recuperar la idea de que quien gane las elecciones presidenciales gobierne de inmediato.

La propuesta, impulsada por el propio Sánchez, ha tenido eco entre los grandes partidos, que suelen obtener un mayor número de votos, y ha resultado menos atractivo para los emergentes. Hasta ahora han sido fuerzas indispensables (con su apoyo) para configurar gobierno o para impedirlo (mediante votos en contra o abstención).

Así lo demostró Unidas Podemos, partido liderado por Pablo Iglesias, que ofreció el apoyo parlamentario a Sánchez a cambio de entrar en la administración del Estado. Aunque no logró materializarse esa coalición entre los dos partidos, sí muestra a las claras que la actual normativa permite a los partidos minoritarios volverse fuerzas decisivas e incluso cogobernar.

El debate político comienza. Independientemente de los argumentos a favor y en contra, es evidente que el artículo pertenece a una Constitución creada en 1978, cuando España salía de una dictadura y era un país muy diferente al de hoy. Con un ajuste, desaparecerían muchos tropiezos y dificultades para elegir hoy presidente de España en tiempo y circunstancias razonables.

Pero mientras la reforma ve la luz, los analistas de Eurasia Group opinan que es probable que se alcance un acuerdo entre el Psoe y Unidas Podemos ya que “hay presión de las bases de ambos partidos (…) Los partidos, además, son renuentes a una repetición electoral”, en particular Podemos, que ya en abril pasó de 71 a 42 diputados.

Otros no lo ven tan fácil y perfilan que se irá a nuevas elecciones: “Ya no es un problema del acuerdo encima de la mesa al que se llegue, sino que hay un problema sobre todo de complicidad, de que no hay confianza entre los dos grupos políticos”, opina el analista de la empresa demoscópica Metroscopia, Francisco Camas.

Aun así, sigue siendo la opción menos improbable. “Lo más probable que yo veo hoy son las nuevas elecciones dado el clima” de confrontación, pero con un ascenso de la abstención, dice.

Con el agravante de que los políticos profundizan su descrédito: según el último barómetro del instituto gubernamental de sondeos CIS, “los políticos en general, los partidos y la política” son ahora mismo considerados el segundo principal problema del país para los españoles, solo detrás del desempleo.

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