El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes la disolución “constitucional” del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo parlamento.

El mandatario hizo pública su decisión al considerar que el Congreso rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).

El ejecutivo considera que este proceso de elección realizado en el Congreso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.

Este lunes, sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso -dominado por la oposición fujimorista y sus aliados- decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los magistrados del TC para después analizar la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.

En un mensaje televisado, Vizcarra anunció que la disolución del Congreso “está dentro de las facultades contenidas” en la Constitución y que “busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades”.

Agregó que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”.

Según la Constitución peruana, se debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución.

Solo segundos antes de que Vizcarra realizara este anuncio, sin embargo, la cuestión de confianza fue aprobada finalmente por el Congreso, lo que arroja incógnitas sobre si tendrá algún efecto sobre la elección de magistrados llevada a cabo horas antes y sobre el propio anuncio de Vizcarra.

Pese a haber conocido su disolución, el Congreso aprobó minutos después admitir a debate una moción que propone declarar la incapacidad moral de Vizcarra y su destitución del cargo.

¿Qué sucedió en la sesión?
Como reflejo de la grave crisis política en la que está sumido Perú, la polémica sesión del Congreso celebrada este lunes fue realmente caótica e incluyó protestas e incluso denuncias de suplantación de voto.

Algunos diputados también denunciaron que se habían cerrado los accesos de ingreso al hemiciclo para impedir su entrada.
Vizcarra ya había adelantado este domingo que si el Congreso no procedía de inmediato con la cuestión de confianza solicitada (la tercera en menos de un año) o continuaba antes con el proceso de elección de los magistrados, el gobierno disolvería la Cámara.

Sin embargo, entre protestas de algunos legisladores de izquierda y liberales, el pleno votó para elegir como nuevo miembro del TC al jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

Su candidatura obtuvo el mínimo de 87 votos exigidos, aunque la legisladora izquierdista María Elena Foronda denunció después que fue suplantada y su votó apareció como favorable, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía.

Mientras el Congreso celebraba su sesión este lunes, protestas a las afueras de la Cámara pedían su cierre.
Tras este proceso, el presidente del Congreso anunció que la votación para elegir a los otros magistrados del TC continuaría este martes.

La tarde del lunes fue dedicada a votar la cuestión de confianza, que fue aprobada segundos antes de que se conociera la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso.

¿Qué puede pasar ahora?
La Constitución de Perú contempla en su artículo 134 la facultad del presidente para disolver el Congreso “si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros”.

La última vez que sucedió fue en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.

Tras el anuncio de Vizcarra este lunes, los parlamentarios debían abandonar el Congreso por su propia voluntad o, de lo contrario, podrían ser desalojados por la policía, si el presidente lo autoriza.

Varios diputados se enfrentaron al primer ministro, Salvador del Solar, cuando llegó al Congreso este lunes para presentar la cuestión de confianza.
El mismo artículo es el que contempla la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo Congreso, las cuales deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.

Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros”, se lee en la Constitución.

Por su parte, tras conocerse la disolución de este lunes, el Congreso aprobó admitir a debate una moción que propone declarar “en permanente incapacidad moral” a Vizcarra y su vacancia en el cargo, la cual debería ser debatida y sometida a votación.

“Los actos del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, referidos al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, evidencian una conducta inmoral, pues degrada la dignidad de la más alta magistratura de la Nación al promover e impulsar acciones que quebrantan el principio fundamental de la organización política de la República”, se lee en el orden del día.

La Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

¿Cuáles fueron las reacciones al anuncio?
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro histórico de Lima fue escenario de manifestaciones ciudadanas durante la noche en respaldo al anuncio de Vizcarra.

Varias manifestaciones recorrieron las calles de Lima como respaldo a la decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento.
En el Congreso, sin embargo, las críticas al anuncio fueron contundentes entre las bancadas de la oposición, que domina el Parlamento peruano.

Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular -el partido fundado por Keiko Fujimori y con mayor representación en la Cámara- calificó la decisión de Vizcarra de “golpe a la democracia” y dijo que “tarde o temprano se hará justicia”.

El congresista Jorge del Castillo, del partido Aprista del expresidente Alan García, calificó el anuncio de “inconstitucional” y aseguró que Vizcarra y sus ministros deberán “afrontar un juicio penal por haber cerrado el Congreso”.

Del Castillo animó a sus colegas parlamentarios a “que nos quedemos en este Congreso” y pidió a policía y Fuerzas Armadas “que no se preste en absoluto a este divorcio”. “El pueblo nos puso aquí y solo él nos puede sacar con los votos”, aseguró.

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Por el contrario, el diputado izquierdista Marco Arana declaró que “este Congreso se ha ganado a pulso el repudio y la falta de legitimidad de nuestros pueblos”, en respaldo a la disolución del Parlamento.

Por su parte, la diputada izquierdista de Nuevo Perú, María Elena Foronda, dijo que se va satisfecha del Parlamento porque no habrá más “un Congreso secuestrado por prácticas montesinistas”, en referencia al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos condenado por encabezar una mafia corrupta en el gobierno del expresidente Fujimori.

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