El jurado popular ha declarado por unanimidad a Ana Julia Quezada culpable de asesinato con alevosía por la muerte de Gabriel Cruz, el hijo de ocho años de su entonces pareja, el 27 de febrero de 2018 en una finca apartada de Rodalquilar (Almería). Ha apreciado así la tesis de la fiscal, Elena Fernández, que pide por este delito la condena a prisión permanente revisable. También la consideran culpable, por unanimidad, de dos delitos de daños psíquicos y otros dos contra la integridad moral de los padres del niño, Ángel Cruz y Patricia Rodríguez.

Las siete mujeres y dos hombres que componen el jurado consideran que Quezada mató al pequeño de forma “intencionada y súbita”, empleando en la ejecución del crimen medios, modos o formas para asegurarla, sin correr el riesgo de que se defendiese. Sin embargo, no han considerado, como solicitaba la acusación particular, que actuara con ensañamiento, aumentando de forma deliberada el dolor del niño. También han rechazado como circunstancia atenuante que Quezada actuara bajo los efectos de ansiolíticos, como alegaba su defensa, y se han opuesto a la suspensión de la ejecución de la pena y a una posible petición de indulto.

Veintiséis horas y media han estado los miembros del jurado incomunicados en una pequeña habitación de la Audiencia Provincial de Almería y en su hotel para contestar las 142 preguntas que les ha formulado la magistrada de la sección segunda, Alejandra Dodero. Iniciaron sus deliberaciones a las 13.26 de este miércoles y han concluido sobre las cuatro de la tarde de este jueves, momento en que han entregado el acta a la magistrada. Así ha concluido un juicio de siete intensas jornadas en las que decenas de testigos y peritos han tratado de arrojar luz sobre una muerte que sacudió a toda España.

La juez ha iniciado la audiencia pública casi a las siete de la tarde de este jueves preguntando al jurado si ya tenía veredicto. Luego, la letrada de la Administración de Justicia, Isabel Bru, ha comenzado a leer las preguntas, a las que ha ido contestando la portavoz del jurado. La sala estaba, por primera vez, abarrotada. La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, se ha sentado inquieta en la primera fila, una mano enlazada en la de su madre y otra en la de su psicólogo. No podía dejar de llorar, ni de moverse. Al lado de la abuela, el padre del niño, Ángel Cruz, buscaba la mano de una periodista. Miraba una y otra vez a la acusada, hierática, que ha dado la espalda a los tres miembros de la familia arrasados por la incesante enumeración de las causas de su dolor. “¿Falta mucho?”, preguntaba el padre, angustiado. La madre le tapaba los oídos a la abuela cuando la portavoz del jurado repetía los pasajes más crudos de la muerte del niño. Sus cabezas se juntaban.

Tras terminar la lectura y retirarse el jurado, las partes intervinieron para pedir las penas correspondientes a esos delitos. La fiscal solicitó prisión permanente revisable por asesinato con alevosía, además de tres años más por daños psíquicos al padre del niño y otros dos años y nueve meses por los causados a la madre. A eso, sumó una orden de alejamiento respecto a los padres y la abuela de, al menos, mil metros de distancia durante 30 años, así como las costas ligadas a la investigación y búsqueda de Gabriel Cruz, 200.203 euros. Por su parte, la acusación particular pidió igualmente prisión permanente revisable, seis años por lesiones psíquicas a los progenitores y otros dos por integridad moral, así como una indemnización de 250.000 euros para cada uno de los padres.

A la salida de la sala, la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, con la voz quebrada y arropada por un grupo de ciudadanos que se han acercado a mostrarle su apoyo, ha agradecido al jurado el veredicto. “Como dijimos en su día, íbamos a luchar con uñas y dientes para que esta bruja no pisara más la calle, y lo hemos conseguido, hemos conseguido justicia para Gabriel”, ha dicho. El padre, Ángel Cruz, ha tomado la palabra después: “Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad para no poder hacerle daño a nadie”.

Por su parte, el abogado de la defensa ha anunciado que interpondrán un recurso porque “técnicamente hay cuestiones” que no pueden “compartir”. Además, ha instado a reflexionar sobre cómo influye en el “derecho a un juicio justo” una cobertura mediática como la de este caso. “Hay que repensar la cobertura mediática y los juicios paralelos públicos que se hacen”. El caso ha quedado visto para sentencia.

No aceptamos comentarios ofensivos, El Verificador promueve el debate de ideas como herramienta que fortalece la vida democrática.

72 + = 73