El presidente del tribunal, Ernesto Blume, confirmó que los términos de la resolución se publicarán el jueves y enviados al día siguiente al Poder Judicial para que se cumpla en el menor tiempo posible y agregó que se le dio vía libre a “la demanda de hábeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal” de Fujimori, presentado por su hermana Sachi.

Ante la polémica que se generó apenas se conoció la decisión, Blume admitió que se trata de “un caso relevante que viene concitando la atención toda la colectividad peruana y extranjera”, pero se tomó tras “un debate amplio, con altura, sereno y sin restricciones”.

Así, el TC declaró nulas tres decisiones judiciales anteriores (desde el juzgado preliminar, la Corte Superior y la Sala Permanente del Poder Judicial) que habían ratificado la prisión preventiva ordenada contra Keiko el 30 de octubre de 2018. En ese sentido, ordenó “retrotraer las cosas al estado anterior de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata libertad de la favorecida”.

Advertencia del magistrado
“Tras asegurar que la medida se basó tanto en la Constitución peruana como en la jurisprudencia nacional existente, así como en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Blume dijo que en Perú hay “que ser absolutamente cuidadoso pues la justicia mediática no es justicia”.
El magistrado indicó que “los derechos fundamentales o humanos no tienen rostro” y que los tribunos actúan “de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley” y la defensa de los derechos humanos.

Pero no es una absolución
Blume remarcó que el TC “no ha juzgado el tema de fondo, del caso de Keiko Fujimori”, ya que con su decisión “no declaró su absolución ni la ha condenado”. Reiteró que esa será una “responsabilidad exclusiva del poder judicial, que el Tribunal Constitucional respeta”.

La decisión se anunció poco después de que Fujimori se acogió el lunes a su derecho a guardar silencio cuando iba a ser interrogada en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos argumentando que “no existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso”.

Este interrogatorio había sido programado por el fiscal José Domingo Pérez en la cárcel de mujeres de Lima, donde Fujimori permanece desde hace más de un año, tras la revelación de que grandes empresas privadas dieron millonarios aportes económicos al partido de Fujimori para su campaña presidencial de 2011.

Aunque Fujimori niega haber recibido dinero de origen ilícito de Odebrecht para financiar sus campañas electorales, sí ha aceptado que los empresarios peruanos le dieron grandes sumas de dinero que no declaró ante los organismos correspondientes porque, según dijo, se le pidió mantenerlos en reserva.

Pero precisaron que el Ministerio Público puede solicitar una nueva orden de prisión preventiva ante el Poder Judicial, aunque esta tendría que basarse en nuevos elementos de prueba que sostengan una posible obstrucción de la justicia o riesgo de fuga.

Una nueva orden de prisión preventiva solo podría dictarse “en caso de que se acredite que Keiko Fujimori intenta evadir la justicia o llevar a cabo actos de obstrucción”.

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